No acostumbro a escribir tan largo, pero en esta oportunidad el tema lo amerita. Con ocasión de días de descanso estuve releyendo sobre el concepto de emergencia compleja y me trajo a remembranza situaciones vividas desde mi experiencia laboral.
A manera de antecedentes, traigo a referencia la fecha del 20 de febrero del año 2002, cuando el Presidente de los colombianos para esa época, Dr. Andrés Pastrana Arango, anunció la ruptura del proceso de paz que, desde el inicio de su gobierno en 1998, adelantaba con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y, mediante alocución televisiva en directo, impartió órdenes a las Fuerzas Militares para la retoma inmediata de la zona de aproximadamente 42mil km2 que, hasta ese momento, se encontraba desmilitarizada, en concordancia con los acuerdos suscritos entre el gobierno y las FARC para llevar a cabo en esa zona las negociaciones de paz.
A partir de la media noche de ese día y durante gran parte de la madrugada del 21 de febrero, las Fuerzas Militares de Colombia, a través de la Fuerza Aérea Colombiana, emprendió la denominada Operación “Tanatos”, mediante la cual, en las más de 200 misiones aéreas, fueron destruidos 85 campamentos, bodegas de armas, laboratorios de cocaína y pistas clandestinas de las Farc en inmediaciones de los municipios que hacían parte de la zona de distensión, según comunicados de las Fuerzas Militares.
Desde ese entonces se presentaron hechos que colocaron a la población civil de varios municipios del departamento de Caquetá, al sur de Colombia, en una situación de verdadera Emergencia Compleja o por lo menos muy cercana a ella, debido a los bloqueos de carreteras, incomunicación telefónica y falta de energía eléctrica, con sus consecuencias directas sobre el agua potable, las reservas de alimentos y el acceso a la salud, entre otros.
Revisando conceptos, una de las definiciones encontradas para el término Emergencia Compleja dice que se trata de situaciones relativamente agudas que afectan grandes poblaciones civiles y usualmente involucran una combinación de guerra o conflicto civil, disminución de alimentos y desplazamiento de población que terminan en un significativo aumento de la mortalidad [1]. Esta definición se corresponde con términos afines como Emergencia Política Compleja o Emergencia Humanitaria Compleja. En todo caso, esta situación contempla una respuesta urgente de atención humanitaria [2].
Por su parte, Deborah Eade nos dice que el término emergencia compleja fue acuñado en Naciones Unidas para describir las principales situaciones de crisis que de hecho han proliferado desde 1989, y que requieren una 'respuesta sistémica' en las que se combina la intervención militar, actividades de implantación de la paz, programas de ayuda y diplomacia de alto nivel, entre otras acciones. La complejidad, en otras palabras, se refiere a la naturaleza 'multi-mandato' de la respuesta internacional, así como a la naturaleza multi-causal de la emergencia; al reconocimiento del hecho de que las emergencias más importantes son necesariamente políticas y económicas tanto en sus causas como en sus consecuencias y nunca 'simplemente' humanitarias; y se refiere a nuestro compromiso como organizaciones humanitarias dentro de esa realidad tanto como a esa misma realidad [3]. Un documento elaborado por el Departamento de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Protection of Humanitarian Mandates in Conflict Situations, declara que '(...) dada la interrelación de las causas y las consecuencias de las emergencias complejas, la acción humanitaria no podrá ser totalmente efectiva si no está relacionada con una estrategia comprehensiva para la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo económico y social' [4].
En efecto, 48 horas después de la alocución presidencial de ese 20 de febrero, una amplia zona del departamento de Caquetá sufrió corte total de energía por la voladura de torres de conducción eléctrica y plantas generadoras de energía por parte de los insurgentes. La falta de energía colocó a los hospitales de la región en dificultades para la prestación de los servicios, toda vez que sus plantas generadoras eran insuficientes para la demanda. La falta de energía paralizó la distribución de agua potable en las plantas de tratamiento de las municipalidades.
Una torre de la estatal empresa de telecomunicaciones, Telecom, fue derribada, dejando a toda la zona sin posibilidad de comunicarse por vía telefónica con el resto del país. Los municipios de Florencia, Montañitas, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico, La Ceiba, San Vicente del Caguán, entre otros, no podían comunicarse entre sí por vía telefónica.
Dos puentes civiles que comunicaban a Florencia con el departamento del Huila y de ahí con el resto del país, también fueron derribados por parte de la guerrilla. Otro puente que comunicaba a San Vicente del Caguán con Florencia fue igualmente destruido por las fuerzas guerrilleras. Esto generó un bloqueo de vías, con la consiguiente incomunicación entre los pobladores por vía terrestre. Durante una semana no hubo ingreso de alimentos ni combustible a Florencia y, desde allí, tampoco se surtió a los municipios antes mencionados, que se hallan durante el trayecto desde Florencia hacia San Vicente del Caguán.
En Florencia, las distribuidoras de gasolina se vieron congestionadas por los usuarios que deseaban asegurarse el suministro de combustible para sus vehículos y equipos agrícolas. A las 72 horas, ya las emisoras reportaban en vivo las quejas de la comunidad por la falta de agua y la especulación que se presentaba en los mercados minoristas y tiendas.
El aeropuerto de Florencia tuvo un período en el cual sólo funcionó para el despegue y aterrizaje de aeronaves militares, por lo que los vuelos civiles fueron cancelados.
Desde San Vicente del Caguán, mediante aerotransporte militar, se recibieron dos pacientes remitidos desde el Hospital de esa localidad hacia el Hospital de Florencia, de 2º nivel de atención. Por vía terrestre no podían salir de San Vicente. El personal médico de San Vicente tuvo problemas para retornar desde Florencia, pues la prioridad la tenían las operaciones militares. Una paciente obstétrica demoró 48 horas para ser trasladada de Puerto Rico a Florencia. La guerrilla impedía el tránsito por carretera y aducía tener la vía minada y bloqueada por vehículos cargados de explosivos, lo cual era cierto.
La candidata a la presidencia, Ingrid Betancur, se atrevió a ingresar a San Vicente del Caguán por vía terrestre y fue plagiada por los guerrilleros. Mientras tanto, a San Vicente comenzaban a llegar pobladores de las veredas cercanas, quienes por miedo a las operaciones militares, prefirieron desplazarse hacia el casco urbano, donde se sentían cercanos a sus vecinos o familiares.
Con este panorama en medio de un conflicto armado, los organismos de ayuda humanitaria estuvieron atentos a intervenir, siempre y cuando la situación lo permitiese. Los miembros del CICR se tomaron casi 48 horas para poder llegar a San Vicente del Caguán. Funcionarios de la Red de Solidaridad Social lo hicieron por vía aérea en transporte militar y, posteriormente, en compañía del Presidente de la República, quien hizo presencia en San Vicente casi 4 días después de su alocución. Entre tanto, una población del departamento del Huila sufría el corte de la distribución del agua domiciliario por presunto envenenamiento del acueducto. Una semana después de la alocución presidencial los medios de comunicación mostraban cifras de 45 municipios de Caquetá, Huila, Cauca y Meta los que habían quedado sin energía eléctrica. La represa de Chingaza, que surte de agua potable a Bogotá, Distrito Capital de Colombia, había sufrido dos atentados.
En la última semana de octubre del 2001, el Programa Salud en Desastres y Emergencias Complejas de la OPS Colombia, en asocio con la Cruz Roja Holandesa y la Cruz Roja Colombiana, había adelantado una capacitación sobre Planes de Contingencia ante Desplazamientos Masivos, dirigido a las autoridades municipales y, en especial, al sector salud. La Red de Solidaridad Social dio continuidad a ésta capacitación y a una previa, realizada por ellos, gracias a lo cual el sector de la salud en la región afectada estuvo preparada ante la contingencia.
Los escenarios no podían ser otros. Después de la operación “Tanatos” de las Fuerzas Militares de Colombia, se esperaba un desbloqueo de carreteras, con lo que podría incrementarse la movilización de población, no sólo por las operaciones militares sino por las amenazas de los grupos disidentes, a quienes se les conocía su modus operandi. Adicionalmente, se iniciaría un proceso de fumigación de cultivos ilícitos, lo que traería una movilización de jornaleros o trabajadores de dicha industria ilegal. Tampoco se descartaba la movilización inducida o marchas campesinas, estrategia igualmente usada en otras oportunidades por los grupos ilegales.
La Red de Solidaridad Social reportó tener a su disposición, al menos en Florencia, siete albergues temporales con una capacidad para alojar entre 400 y 450 personas. Diariamente hizo monitoreo de movilización de personas en los municipios afectados y las respuestas acordes con dicho estado.
El sector de la salud sufrió también las consecuencias de esta
situación. A pesar de que en la fase aguda la respuesta del Ministerio de Salud no se hizo esperar, pues envió los botiquines de emergencia preparados de antemano para estos casos, con lo que tranquilizó a los trabajadores del sector; y se alcanzó a dotar de una planta eléctrica complementaria al hospital de 2º nivel, la crisis económica y de gestión del sector de la salud colocó en situación crítica la respuesta en salud ante una demanda inusitada. Esto sin contar con el temor y la deserción del recurso humano en salud por las infracciones al D.I.H., en especial, las infracciones a la Misión Médica y Sanitaria. No sobra recordar que uno de los hechos graves que motivó al Gobierno la suspensión del proceso de paz con las FARC fue la voladura de un puente que ocasionó el accidente de una ambulancia donde murieron tres personas, entre ellas una mujer gestante en trabajo de parto y su criatura, aún sin nacer.
Aunque en todo lo anteriormente expuesto no se presentaron mayormente hambrunas o incremento de la mortalidad, no dejó de ser una situación complicada el poder brindar atención humanitaria de emergencia con todos los riesgos sobre la integridad personal y sobre los materiales y medicamentos que hacen parte de la misión médica y sanitaria.
Mi referencia de la situación a 5 semanas después de ese 20 de febrero de 2002 la resumí en su momento, así:
A manera de antecedentes, traigo a referencia la fecha del 20 de febrero del año 2002, cuando el Presidente de los colombianos para esa época, Dr. Andrés Pastrana Arango, anunció la ruptura del proceso de paz que, desde el inicio de su gobierno en 1998, adelantaba con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y, mediante alocución televisiva en directo, impartió órdenes a las Fuerzas Militares para la retoma inmediata de la zona de aproximadamente 42mil km2 que, hasta ese momento, se encontraba desmilitarizada, en concordancia con los acuerdos suscritos entre el gobierno y las FARC para llevar a cabo en esa zona las negociaciones de paz.
A partir de la media noche de ese día y durante gran parte de la madrugada del 21 de febrero, las Fuerzas Militares de Colombia, a través de la Fuerza Aérea Colombiana, emprendió la denominada Operación “Tanatos”, mediante la cual, en las más de 200 misiones aéreas, fueron destruidos 85 campamentos, bodegas de armas, laboratorios de cocaína y pistas clandestinas de las Farc en inmediaciones de los municipios que hacían parte de la zona de distensión, según comunicados de las Fuerzas Militares.
Desde ese entonces se presentaron hechos que colocaron a la población civil de varios municipios del departamento de Caquetá, al sur de Colombia, en una situación de verdadera Emergencia Compleja o por lo menos muy cercana a ella, debido a los bloqueos de carreteras, incomunicación telefónica y falta de energía eléctrica, con sus consecuencias directas sobre el agua potable, las reservas de alimentos y el acceso a la salud, entre otros.
Revisando conceptos, una de las definiciones encontradas para el término Emergencia Compleja dice que se trata de situaciones relativamente agudas que afectan grandes poblaciones civiles y usualmente involucran una combinación de guerra o conflicto civil, disminución de alimentos y desplazamiento de población que terminan en un significativo aumento de la mortalidad [1]. Esta definición se corresponde con términos afines como Emergencia Política Compleja o Emergencia Humanitaria Compleja. En todo caso, esta situación contempla una respuesta urgente de atención humanitaria [2].
Por su parte, Deborah Eade nos dice que el término emergencia compleja fue acuñado en Naciones Unidas para describir las principales situaciones de crisis que de hecho han proliferado desde 1989, y que requieren una 'respuesta sistémica' en las que se combina la intervención militar, actividades de implantación de la paz, programas de ayuda y diplomacia de alto nivel, entre otras acciones. La complejidad, en otras palabras, se refiere a la naturaleza 'multi-mandato' de la respuesta internacional, así como a la naturaleza multi-causal de la emergencia; al reconocimiento del hecho de que las emergencias más importantes son necesariamente políticas y económicas tanto en sus causas como en sus consecuencias y nunca 'simplemente' humanitarias; y se refiere a nuestro compromiso como organizaciones humanitarias dentro de esa realidad tanto como a esa misma realidad [3]. Un documento elaborado por el Departamento de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Protection of Humanitarian Mandates in Conflict Situations, declara que '(...) dada la interrelación de las causas y las consecuencias de las emergencias complejas, la acción humanitaria no podrá ser totalmente efectiva si no está relacionada con una estrategia comprehensiva para la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo económico y social' [4].
En efecto, 48 horas después de la alocución presidencial de ese 20 de febrero, una amplia zona del departamento de Caquetá sufrió corte total de energía por la voladura de torres de conducción eléctrica y plantas generadoras de energía por parte de los insurgentes. La falta de energía colocó a los hospitales de la región en dificultades para la prestación de los servicios, toda vez que sus plantas generadoras eran insuficientes para la demanda. La falta de energía paralizó la distribución de agua potable en las plantas de tratamiento de las municipalidades.
Una torre de la estatal empresa de telecomunicaciones, Telecom, fue derribada, dejando a toda la zona sin posibilidad de comunicarse por vía telefónica con el resto del país. Los municipios de Florencia, Montañitas, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico, La Ceiba, San Vicente del Caguán, entre otros, no podían comunicarse entre sí por vía telefónica.
Dos puentes civiles que comunicaban a Florencia con el departamento del Huila y de ahí con el resto del país, también fueron derribados por parte de la guerrilla. Otro puente que comunicaba a San Vicente del Caguán con Florencia fue igualmente destruido por las fuerzas guerrilleras. Esto generó un bloqueo de vías, con la consiguiente incomunicación entre los pobladores por vía terrestre. Durante una semana no hubo ingreso de alimentos ni combustible a Florencia y, desde allí, tampoco se surtió a los municipios antes mencionados, que se hallan durante el trayecto desde Florencia hacia San Vicente del Caguán.
En Florencia, las distribuidoras de gasolina se vieron congestionadas por los usuarios que deseaban asegurarse el suministro de combustible para sus vehículos y equipos agrícolas. A las 72 horas, ya las emisoras reportaban en vivo las quejas de la comunidad por la falta de agua y la especulación que se presentaba en los mercados minoristas y tiendas.
El aeropuerto de Florencia tuvo un período en el cual sólo funcionó para el despegue y aterrizaje de aeronaves militares, por lo que los vuelos civiles fueron cancelados.
Desde San Vicente del Caguán, mediante aerotransporte militar, se recibieron dos pacientes remitidos desde el Hospital de esa localidad hacia el Hospital de Florencia, de 2º nivel de atención. Por vía terrestre no podían salir de San Vicente. El personal médico de San Vicente tuvo problemas para retornar desde Florencia, pues la prioridad la tenían las operaciones militares. Una paciente obstétrica demoró 48 horas para ser trasladada de Puerto Rico a Florencia. La guerrilla impedía el tránsito por carretera y aducía tener la vía minada y bloqueada por vehículos cargados de explosivos, lo cual era cierto.
La candidata a la presidencia, Ingrid Betancur, se atrevió a ingresar a San Vicente del Caguán por vía terrestre y fue plagiada por los guerrilleros. Mientras tanto, a San Vicente comenzaban a llegar pobladores de las veredas cercanas, quienes por miedo a las operaciones militares, prefirieron desplazarse hacia el casco urbano, donde se sentían cercanos a sus vecinos o familiares.
Con este panorama en medio de un conflicto armado, los organismos de ayuda humanitaria estuvieron atentos a intervenir, siempre y cuando la situación lo permitiese. Los miembros del CICR se tomaron casi 48 horas para poder llegar a San Vicente del Caguán. Funcionarios de la Red de Solidaridad Social lo hicieron por vía aérea en transporte militar y, posteriormente, en compañía del Presidente de la República, quien hizo presencia en San Vicente casi 4 días después de su alocución. Entre tanto, una población del departamento del Huila sufría el corte de la distribución del agua domiciliario por presunto envenenamiento del acueducto. Una semana después de la alocución presidencial los medios de comunicación mostraban cifras de 45 municipios de Caquetá, Huila, Cauca y Meta los que habían quedado sin energía eléctrica. La represa de Chingaza, que surte de agua potable a Bogotá, Distrito Capital de Colombia, había sufrido dos atentados.
En la última semana de octubre del 2001, el Programa Salud en Desastres y Emergencias Complejas de la OPS Colombia, en asocio con la Cruz Roja Holandesa y la Cruz Roja Colombiana, había adelantado una capacitación sobre Planes de Contingencia ante Desplazamientos Masivos, dirigido a las autoridades municipales y, en especial, al sector salud. La Red de Solidaridad Social dio continuidad a ésta capacitación y a una previa, realizada por ellos, gracias a lo cual el sector de la salud en la región afectada estuvo preparada ante la contingencia.
Los escenarios no podían ser otros. Después de la operación “Tanatos” de las Fuerzas Militares de Colombia, se esperaba un desbloqueo de carreteras, con lo que podría incrementarse la movilización de población, no sólo por las operaciones militares sino por las amenazas de los grupos disidentes, a quienes se les conocía su modus operandi. Adicionalmente, se iniciaría un proceso de fumigación de cultivos ilícitos, lo que traería una movilización de jornaleros o trabajadores de dicha industria ilegal. Tampoco se descartaba la movilización inducida o marchas campesinas, estrategia igualmente usada en otras oportunidades por los grupos ilegales.
La Red de Solidaridad Social reportó tener a su disposición, al menos en Florencia, siete albergues temporales con una capacidad para alojar entre 400 y 450 personas. Diariamente hizo monitoreo de movilización de personas en los municipios afectados y las respuestas acordes con dicho estado.
El sector de la salud sufrió también las consecuencias de esta
situación. A pesar de que en la fase aguda la respuesta del Ministerio de Salud no se hizo esperar, pues envió los botiquines de emergencia preparados de antemano para estos casos, con lo que tranquilizó a los trabajadores del sector; y se alcanzó a dotar de una planta eléctrica complementaria al hospital de 2º nivel, la crisis económica y de gestión del sector de la salud colocó en situación crítica la respuesta en salud ante una demanda inusitada. Esto sin contar con el temor y la deserción del recurso humano en salud por las infracciones al D.I.H., en especial, las infracciones a la Misión Médica y Sanitaria. No sobra recordar que uno de los hechos graves que motivó al Gobierno la suspensión del proceso de paz con las FARC fue la voladura de un puente que ocasionó el accidente de una ambulancia donde murieron tres personas, entre ellas una mujer gestante en trabajo de parto y su criatura, aún sin nacer.
Aunque en todo lo anteriormente expuesto no se presentaron mayormente hambrunas o incremento de la mortalidad, no dejó de ser una situación complicada el poder brindar atención humanitaria de emergencia con todos los riesgos sobre la integridad personal y sobre los materiales y medicamentos que hacen parte de la misión médica y sanitaria.
Mi referencia de la situación a 5 semanas después de ese 20 de febrero de 2002 la resumí en su momento, así:
- La población en general mantenía problemas de movilización debido a que persistían los retenes ilegales en las vías por parte de los insurgentes.
- La Misión Médica y Sanitaria se vio totalmente afectada. Se presentaron amenazas contra los funcionarios del sector de la salud, entre quienes cundió el pánico. Se incrementaron las solicitudes de traslados de funcionarios del área rural hacia las cabeceras municipales y hacia Florencia. Hubo serias dificultades para la consecución de personal en salud para laborar en las zonas afectadas. Y un vehículo oficial fue retenido y plagiado.
- Luego de la emergencia por falta de fluido eléctrico, la cual duró doce días, el servicio se siguió prestando en forma interrumpida, con cortes o racionamiento diario del servicio.
- El desplazamiento de población fue constante. La localidad de La Unión Penaya (adscrita al municipio de La Montañita) recibió orden de desalojo por parte de la guerrilla. Toda la población se desplazó, en mayor porcentaje al municipio de El Paujil y en menor proporción hacia Florencia.
Con todo lo anterior es pertinente preguntarnos, tal como lo titula el presente ensayo: ¿qué tan cerca hemos estado de una emergencia compleja?
Referencias:
[1] Noji, Eric K., ed.: Impacto de los Desastres en la Salud Pública, Bogotá, Colombia, Organización Panamericana de la Salud, 2000, Cap 20 (Michael Toole), pp. 419 y siguientes. Disponible en http://www.paho.org/Spanish/DD/PED/impacto.htm
[2] Ronald Waldman, MD, MPH - Gerald Martone, RN, MS, Public Health and Complex Emegencies: New Issues, New Conditions, American Journal of Public Health, 1999. Vol 9, Nº 10
[3] Eade D, Prólogo de la Revista Development in Practice, 2000
[4] IBID
[1] Noji, Eric K., ed.: Impacto de los Desastres en la Salud Pública, Bogotá, Colombia, Organización Panamericana de la Salud, 2000, Cap 20 (Michael Toole), pp. 419 y siguientes. Disponible en http://www.paho.org/Spanish/DD/PED/impacto.htm
[2] Ronald Waldman, MD, MPH - Gerald Martone, RN, MS, Public Health and Complex Emegencies: New Issues, New Conditions, American Journal of Public Health, 1999. Vol 9, Nº 10
[3] Eade D, Prólogo de la Revista Development in Practice, 2000
[4] IBID
