(01) DESASTRES Y DESARROLLO / Rodrigo Restrepo

. 26 de abril de 2006
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"Estrategias más efectivas de prevención no solo ahorrarían decenas de billones de dólares, sino que salvarían decenas de miles de vidas. Los fondos gastados actualmente en intervención y socorro podrían dedicarse a mejorar el desarrollo equitativo y sostenible, lo cual reduciría el riesgo de guerras y desastres. Edificar una cultura de prevención no es fácil. Mientras que los costos de la prevención deben proveerse en el presente, sus beneficios sólo se obtienen en un futuro distante. Más aún, los beneficios no son tangibles; tales como los desastres que NO sucedieron." (*)

Cada año son miles las personas que sufren los rigores de la naturaleza, con ocasión de eventos adversos tales como terremotos, sequías, inundaciones, tormentas, ciclones tropicales, incendios forestales y erupciones volcánicas; situaciones que además se acompañan de la destrucción del sustento de la población debido al daño de la infraestructura económica y social, así como al ambiente. Pero no sólo la naturaleza puede ser la detonante de eventos adversos con las consecuencias antes mencionadas, pues el hombre y sus adelantos tecnológicos, o una combinación de éstos con los eventos de la naturaleza, pueden causar también tales daños. Son ejemplos de ello, las intoxicaciones masivas, las contaminaciones químicas, los incendios y explosiones, los accidentes masivos, la violencia social y los actos maliciosos.

El riesgo de ser víctima de un evento adverso depende básicamente de dos factores: que exista una amenaza, representada por el factor externo, sea de la naturaleza o no, a saber, un huracán, un movimiento sísmico, un volcán, un conflicto político, presencia de desechos tóxicos, entre otros. Y el factor interno de la vulnerabilidad, representado por la mayor o menor predisposición intrínseca a ser dañado; es decir, la debilidad, incapacidad o dificultad para evitar, resistir, sobrevivir y recuperarse, en caso de un evento adverso.

La mayor o menor probabilidad de estar a riesgo de sufrir las consecuencias de un evento adverso estará en función de la existencia real de la amenaza y de cuán vulnerables seamos ante la inminencia de dicha amenaza.

La reducción del riesgo se obtendrá a través de actividades emprendidas para reducir tanto las condiciones de vulnerabilidad como, en la medida de lo posible, la causa del peligro natural (podrían intervenirse situaciones predecibles, en especial cuando se trata de sequías, inundaciones y deslizamientos).

El denominador común presente en la mayoría de las víctimas de los eventos adversos por causa de la naturaleza es la pobreza, pues estas poblaciones no llegan a tener acceso a viviendas bien construidas y localizadas en zonas seguras, pero además tampoco tienen acceso a servicios básicos de salud, al saneamiento básico mínimo ni a la educación o información. Y en algunos casos, donde la situación política o de orden público es altamente insegura, tampoco tienen acceso a la mínima organización comunitaria básica, necesaria para el establecimiento de sistemas de alerta o aviso ante situaciones de emergencia. Por sus condiciones, las actividades humanas de estas poblaciones profundizan el estado de deterioro ambiental de su entorno.

Son estos grupos de población los que podemos calificar como de alta vulnerabilidad, pues tienen muy reducida su capacidad de recuperación al nivel de vida que tenían antes del desastre. Deben ser, por lo tanto, el blanco de las acciones integrales que incluyan su reubicación a zonas más seguras, sumado a construcciones apropiadas y dignas de sus viviendas y al acceso de los servicios básicos de educación y salud, entre otros.

Dentro de los procesos de planeación para el desarrollo de las ciudades y municipios se han incorporado los nuevos enfoques de regionalización, donde el ordenamiento territorial contiene las orientaciones que conviene adoptar para la conformación del territorio y el desarrollo social, económico y ambiental sostenible, mucho más allá del simple crecimiento. Es por ello que su visión no puede ser a corto plazo sino a mediano y largo plazo, tomando en cuenta los riesgos ante eventos adversos, para implementar obras de mitigación ante las amenazas y acciones de preparativos para la reducción de las vulnerabilidades.

Se debe, por lo tanto, apuntar el desarrollo sostenible en la implementación de acciones que transformen la tendencia actual de la vulnerabilidad a los eventos adversos, orientando los recursos de ayuda al desarrollo en obras que incluyan la previsión de los efectos de los fenómenos naturales, de la gestión del riesgo y de la prevención de los desastres. Se debe trabajar en la reducción de la vulnerabilidad humana, en especial en la reducción de la brecha cada vez más profunda de la pobreza y la miseria. De hecho, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, firmado por los países miembros de las Naciones Unidas, incluyen y trabajan para lograr este propósito para finales del 2015.

Dentro de esta misma categoría de acciones tendientes a la reducción de la vulnerabilidad se incluyen la gestión integral, sostenible y adaptada de los recursos naturales, incluyendo programas de reforestación, un apropiado ordenamiento territorial y una buena gestión de ríos y zonas costeras, en especial la protección de las fuentes naturales.

Se debe tener en cuenta la variable relacionada con la tendencia del cambio climático provocado por las acciones del sobreuso de los recursos, que contamina y genera situaciones de desertificación y deterioro ambiental acelerado que progresivamente ocasiona cambios climáticos con efecto global. Se deben identificar estos factores y reducir su persistencia.

Por último, se deben establecer estrategias para elaborar políticas de desarrollo que conduzcan a la reducción de la vulnerabilidad a los desastres, donde la participación de los ciudadanos en la gestión de sus riesgos ha de ser un factor ineludible. Se debe empezar por la obtención de la voluntad política de las autoridades territoriales, debidamente expresada en sus actos administrativos, donde queden incluidos los procesos de sensibilización y educación a la comunidad; la intersectorialidad pública y privada; el acceso a la información para la comprensión y conocimiento de los fenómenos naturales y todas las causas no naturales de los desastres; y el desarrollo e inclusión de mejores sistemas de predicción y de alertas tempranas en los planes de preparativos y de contingencia ante las amenazas identificadas.

(*) Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas. “Introducción al Informe Anual del Secretario General sobre el trabajo de la Organización de Naciones Unidas, 1999” (documento A/54/1).


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