No es necesario contextualizar, pues los medios han sido lo suficientemente amplios en la información relacionada con los efectos de la temporada invernal en Colombia al finalizar el 2010. Basta con decir que, al momento de esta publicación, han sido 28 de los 32 departamentos las entidades territoriales afectadas, en su mayoría por inundaciones y otro número importante afectados por deslizamientos, lo cual ha provocado desplazamiento masivo de las poblaciones.
Es difícil prever desde el punto de vista de la gestión del riesgo si estos efectos se hubiesen podido prevenir; no obstante, para algunos de ellos probablemente la respuesta sea afirmativa. Pero lo que sigue va en tres sentidos, debidamente precedidos de procesos de evaluación de daños y análisis de necesidades mediante equipos multidisciplinarios de respuesta inmediata.
El primero de ellos tiene que ver con la respuesta inmediata a la adversidad, con ayuda humanitaria de emergencia, representada en techo, abrigo, alimentación, agua y saneamiento y atención integral en salud. Para todas estas variables existen estándares mínimos humanitarios, a fin de que dichas respuestas no sean inferiores a las necesidades. El sector de la salud actuará en este período contribuyendo con la conservación de los aspectos sanitarios pertinentes para los alojamientos temporales, en especial en lo relacionado con la reducción del hacinamiento, la disposición adecuada de desecho sólidos, líquidos y excretas; la calidad del agua de consumo humano; el adecuado almacenamiento y manipulación de los alimentos y la disposición de servicios de atención en salud, no sólo de la enfermedad física, mental o psicosocial sino de los programas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad.
En una segunda fase se debe actuar en dos sentidos: la rehabilitación de los servicios vitales que son necesarios para la subsistencia de los seres afectados por el evento adverso: energía eléctrica, vías de comunicación, medios de comunicación (telefonía, Internet), fuentes de energía (gas, combustible), acueducto y alcantarillado. Por otra parte, en lo que al sector de la salud se refiere, se deben establecer procesos de rehabilitación de los servicios básicos de salud que hayan sido afectados por la catástrofe, en especial los servicios de urgencias y toda la red de respuesta asociada (laboratorios, quirófanos, servicios farmacéuticos, entre otros).
Un segundo aspecto en esta segunda fase es el de la reconstrucción. Para el caso de inundaciones, muchas comunidades retornarán a sus viviendas una vez las aguas vuelvan a sus cauces. Es aquí donde se requerirán mayores recursos económicos de apoyo, especialmente para evitar la reconstrucción de vulnerabilidades. En salud, obviamente que el reforzamiento estructural, no estructural y funcional de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud será la línea a seguir.
Para las autoridades sanitarias, tanto durante la fase de respuesta como en la de rehabilitación-reconstrucción, se debe fortalecer el sistema de información y de vigilancia epidemiológica para mantener el seguimiento de aquellas enfermedades trazadoras según el tipo y magnitud del evento adverso. Incluir aquí la implementación de la vigilancia epidemiológica de base comunitaria.
Y la tercera fase no es otra que la de la preparación para el próximo evento adverso. No es para descansar sino para evaluar lo sucedido, identificar las necesidades de fortalecimiento institucional, de los planes hospitalarios para emergencias, de todos aquellos aspectos que requieren capacitación, replanteamientos funcionales y pruebas mediante simulaciones y simulacros.
Esta tercera fase es inevitable. No se puede omitir. Es la manera en que las comunidades y las instituciones demuestran que la adversidad es la oportunidad para el desarrollo. Aquí se incluyen las obras de mitigación necesarias para que, si se repitiese el fenómeno natural que originó el desastre, los daños no se vuelvan a presentar, o si se presentan, sean del menor impacto posible sobre las comunidades.
